La entidad se une así a las actuaciones de las organizaciones ecologistas y los diversos colectivos vecinales del concejo vecino de Cabranes, que ya se han posicionado en contra por los graves riesgos para el medioambiente y para la salud que entraña el fracking o fracturación hidráulica -técnica de extracción que se pretende utilizar en el citado proyecto- además de solidarizarse con la preocupación de la asociación vecinal de Poreñu ante el riesgo que podría entrañar para los manantiales de los que se sirven los vecinos. No olvidemos que la zona afectada está cercana a áreas de protección y a corrientes acuíferas que directa o indirectamente desembocan en La Ría.

Nuestra entidad entiende que dicho modelo extractivo entra en total contradicción con la política de desarrollo sostenible recogida en la normativa ambiental y en los programas de desarrollo del estado español, y apela al principio de precaución en materia ambiental que inspira nuestro ordenamiento normativo ambiental, así como a los principios de eficacia y eficiencia de la Administración y a la defensa del interés público. Los problemas ecológicos y sanitarios hay que preverlos de antemano e impedir que lleguen a producirse, ya que muchos de ellos pueden ser irreparables a posteriori, más cuando las dudas son tan manifiestas. Entendemos por tanto que el Principado de Asturias no debería conceder el permiso solicitado para asegurar la ausencia de impactos irreparables para el medio ambiente y para la salud humana y para evitar las posibles indemnizaciones  responsabilidades patrimoniales en que puede incurrir si se ve obligado a adoptar una suspensión posterior.

No olvidemos que el fracking ha sido prohibido en otros estados, y el propio Parlamento Europeo publicó un Informe en junio de 2011 en el que se rechazaba el uso de la fractura hidráulica como técnica de investigación y de extracción de gas, poniendo de manifiesto los diferentes peligros detectados tanto para el medioambiente como para la salud. En Estados Unidos, país pionero en este tipo de extracción, está a punto de publicarse el informe que se elaboró a raíz de haber sido detectadas numerosas y peligrosas irregularidades a lo largo de todo el país. Parece por tanto poco razonable hacer oídos sordos, permitiendo que se utilice un sistema tan discutido en nuestros días en tantos países, la mayor parte de ellos más experimentados en esta técnica por lo que se entiende que conocen mejor aún sus riesgos.

Por todo ello, y porque entendemos además que hay numerosas cuestiones no reflejadas en el Estudio Preliminar de Impacto Ambiental que se somete a información pública cuya clarificación es indispensable la Federación pide que se proceda a la retirada del proyecto de sondeo de investigación “Viñón-1” o que en su defecto, se someta el citado proyecto al procedimiento de evaluación de ambiental que proporcione datos más exhaustivos y que de luz a las numerosas dudas que suscita la poca información que se ha puesto a disposición pública, hecho este del procedimiento de información pública seguido en este caso que criticamos en cuanto a las formas, puesto que se ha publicado en pleno mes de agosto, mes que todos tenemos por prácticamente inhábil, recayendo nuevamente en una práctica que no hace sino teñir de más recelo todo el asunto.