En ella se abordará uno de los asuntos que más preocupan a la sociedad española en los últimos años, antes incluso de que la pandemia Covid-19 y la guerra a las puertas de Europa hayan encendido todas las alarmas, es el que atañe al sistema de pensiones, su presente y, sobre todo, su sostenibilidad futura, asunto muy vinculado al progresivo envejecimiento de la población que está sufriendo nuestra sociedad.

El proceso de envejecimiento viene derivado, en parte, de aspectos que no podemos sino valorar como positivamente, tales como el aumento en la esperanza de vida debido a los avances en el conocimiento científico y la medicina, la extensión de los sistemas públicos de salud y los modelos de protección social implantados en nuestras sociedades, que permite a nuestra población alcanzar cada vez mayores longevidades en mejores condiciones de vida. Sin embargo, desde la otra orilla, ello contrasta con el estancamiento, cuando no declive, de la natalidad, que hace cada vez menores las cohortes de quienes se van incorporando al mercado laboral y al ejercicio de la actividad económica.

Por otra parte, las tensiones económicas, fruto en parte de las deficiencias estructurales de nuestra economía que están agravadas por las urgencias coyunturales de una crisis profunda, provocan unos niveles de endeudamiento público que no recordábamos en nuestro país, no contribuyendo por ello a tranquilizar a la población en lo que respecta no sólo a la sostenibilidad del sistema de pensiones, sino incluso a lo que parecían conquistas irrenunciables del estado de bienestar.

Bajo ese panorama, en esta charla me propongo revisar panorámicamente cuáles son los determinantes generales que fundamentan nuestro actual sistema de pensiones, qué pasos se vienen dando para tratar de “blindarlo” y hacerlo sostenible, qué alternativas se vislumbran de cara al futuro próximo y, en última instancia, hasta qué punto debemos estar intranquilos respecto a la seguridad de que las generaciones que ahora se incorporan al mercado laboral recibirán, en su momento, una pensión “digna” y adecuada a sus contribuciones.

Adelanto que, en mi opinión, cualquier modelo público de pensiones en un sistema democrático es sostenible por definición, pues depende finalmente del contrato social que decidan los ciudadanos, más allá de los riesgos evidentes que la gestión del sistema y de las políticas públicas en general pudieran ir provocando.

CV:

Catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo. En el ámbito académico, se ha especializado en Federalismo Fiscal y Haciendas Territoriales, temas sobre los que ha publicado 10 libros y una centena de artículos en revistas académicas y capítulos en libros colectivos. Además, ha trabajado y publicado en los campos de la Economía de la Educación y la Economía de la Cultura. Entre abril de 2008 y 2012, fue Editor Ejecutivo de la revista académica Hacienda Pública Española/Review of PublicEconomics.En el ámbito profesional, ha asesorado en materias de financiación territorial a diversos gobiernos regionales y locales y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha formado parte de varias Comisiones Nacionales constituidas para el estudio y la realización de propuestas de reforma de la financiación local y forma parte del panel de expertos del Fiscal AffairsDepartment (FAD; Departamento de Asuntos Fiscales) del Fondo Monetario Internacional, para el que ha trabajado en misiones en Bolivia y El Salvador. En la actualidad es presidente de la Asociación Iberoamericana de Financiación Local (AIFIL).