Nota Informativa Ayuntamiento de Villaviciosa

10-7-2019

 

LA AUDIENCIA PROVINCIAL CONFIRMA QUE NO HUBO PREVARICACIÓN EN EL CASO DEL HOTEL CASTIELLO DE SELORIO Y QUE EL ALCALDE, ACTUÓ LEGALMENTE "DE UN MODO ABSOLUTO"

El Ayuntamiento recibe la notificación del Auto del 5 de julio de la Sección Octava de la Audiencia que rechaza el recurso de Marian Fernández Raposo, propietaria del hotel, confirmado el archivo del Juzgado de Villaviciosa

Esta nueva resolución judicial que da nuevo la razón al Ayuntamiento de Villaviciosa, confirma lo ya defendido en dos ocasiones por la Fiscalía y el Juzgado de Villaviciosa: que tanto el Alcalde como los funcionarios municipales, acusados de prevaricación, actuaron en todo momento conforme a la Ley y cumpliendo con su obligación.

 

La Audiencia Provincial acaba de ratificar en un auto dictado el pasado 5 de julio y notificado en el día de ayer al Ayuntamiento de Villaviciosa, que no hubo delito alguno en los expedientes que afectaron al hotel Castillo de Selorio, “si no todo lo contrario”, señalan tres magistrados de la sala sección octava de la Audiencia. Los jueces, quitan así la razón, de nuevo con rotundidad, a la dueña de la empresa propietaria del hotel (Meblemex), Marian Fernández Raposo, que acuso de prevaricación tanto al Alcalde, Alejandro Vega, como a la secretaria y arquitecto municipales. Anteriormente, ya se había pronunciado en igual sentido la Fiscalía en dos ocasiones, y  el Juzgado de Villaviciosa que  ya había acreditado la falsedad de estas acusaciones. Ahora es la Audiencia  quien descarta “de un modo absoluto”, según se recoge en el auto, que se produjera delito alguno. Esta nueva resolución judicial se produce tras la presentación de recurso por la propietaria del hotel de Seloriu, frente al archivo de la causa por el Juzgado de Villaviciosa. En el auto los magistrados ponen de manifiesto que la acusación carecía de fundamento alguno y confirma así, las conclusiones del juzgado de Villaviciosa.

En el 2001, durante uno de los mandatos del PP en el Ayuntamiento de Villaviciosa, los propietarios del Castiello de Selorio obtuvieron una licencia para la apertura y explotación de un hotel. Con posterioridad, según se recoge en el auto, construyeron una edificación anexa para la celebración de bodas y eventos, sin licencia municipal alguna,  "actividades ajenas a las amparadas por la licencia» de la que ya disponían", declara. En 2016, la querellante, propietaria de la empresa Meblemex S. L., presentó en el Ayuntamiento la solicitud de legalización. En esa fecha, tras numerosas  y reiteradas denuncias de los vecinos, y tras tener conocimiento de la falta de licencias, desde el Ayuntamiento se ordenó la suspensión de la actividad. Frente a esta medida, la propietaria, Marian Raposo, inició una batalla legal contra el Ayuntamiento, que obtuvo el respaldo a su actuación hasta en tres ocasiones en los juzgados de lo contencioso. Posteriormente, Marian Raposo acudió a la vía penal, acusando de prevaricación al Alcalde, Secretaria y Arquitecto municipales.

Termina así un largo proceso que se inició con la presentación de la querella pocos meses antes de las pasadas elecciones.

DECLARACIONES

 El Alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, se mostró satisfecho  “al ver la verdad declarada judicialmente”, y lamentó “haber tenido que pasar por este proceso, con mi nombre mezclado con acusaciones falsas de prevaricación”. “Lo he pasado mal”, señaló.

También anunció iniciativas políticas para aclarar la relación de los propietarios del hotel, Marian Fernández Raposo y su pareja, el empresario e ingeniero Antonio Alvarez Apellaniz, con el PP de Villaviciosa.

“No creo en las casualidades, ante una denuncia presentada poco antes de las elecciones por personas con importantes relaciones y vínculos con el PP y que fueron favorecidos durante sus mandatos”, señaló

En concreto, Alejandro Vega se refirió al Presidente del PP de Villaviciosa y excalde, y actual diputado regional, José Felgueres, que afirmó recientemente no conocer al empresario e ingeniero, Antonio Alvarez Apellaniz. “En el Ayuntamiento hay documentación que demuestra que no es cierto, y deberá dar explicaciones”.